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Colgar una foto en la web de un empleado sin permiso será ilegal.

Las empresas deben adaptar sus procesos y tecnología para gestionar correctamente la información personal de sus trabajadores antes de la entrada en vigor del reglamento general de protección de datos.

Las empresas españolas están inmersas en una carrera para adaptarse, antes del 25 de mayo, al nuevo reglamento general de protección de datos (RGPD). Aunque gran parte de los esfuerzos están centrados en recabar los permisos pertinentes de los clientes para seguir utilizando las bases de datos, las compañías no pueden obviar que la normativa también afecta, y mucho, desde el punto de vista de los trabajadores.

En primer lugar, antes de que entre en vigor el RGPD, toda la plantilla debería haber recibido formación con las novedades. En esas sesiones, hay que explicar qué hacer si un empleado detecta una brecha de seguridad en materia de privacidad, ya que está obligado a reportar la incidencia inmediatamente a su superior inmediato o al responsable de protección de datos de la compañía. También hay que explicarle que cada trabajador es responsable de que otras personas no vean o utilicen los datos que maneja, por ejemplo, por dejar a la vista un contrato de un cliente o, simplemente, una tarjeta de visita de otra persona.

Hay departamentos que se consideran de riesgo por la información que manejan, como el área de márketing y comercial, en los que habrá que revisar todos los procesos, incluido cómo se fija el bonus o qué incentivos económicos se conceden (que no impliquen, por ejemplo, compartir datos personales).

Pero a la hora de tener en cuenta la actividad de cualquier empresa, hay áreas que siempre se ven afectadas, como por ejemplo la de recursos humanos, donde se utilizan muchos datos personales de los propios trabajadores.

Entonces, surgen las primeras dudas. No es raro encontrarse compañías que utilizan fotografías en las tarjetas de acceso al edificio o las usan en sus páginas web para que los clientes conozcan a su plantilla. ¿Permite el nuevo reglamento de protección de datos este tipo de prácticas?

La casuística es muy variada y no sólo se rige por el nuevo RGPD. Aunque se debe valorar cada caso independientemente, a grandes rasgos los expertos concluyen que cuando la actividad tiene un fin comercial, hay que ser muy exigente y recabar la autorización de todos los implicados. Por ejemplo, en las tarjetas de acceso al edificio, al considerarse que incluir la fotografía del trabajador es una cuestión de seguridad, no hace falta su permiso. Sin embargo, sí sería necesario para poder utilizar su imagen en la web o en unos folletos corporativos.

Videovigilancia

Y, ¿qué ocurre con la vigilancia? A partir del 25 de mayo, pasa a considerarse monitorización sistemática. Grabar al trabajador dentro de la compañía es legal, siempre que se mantengan unos principios de proporcionalidad. En primer lugar, no se puede grabar espacios públicos, salvo que sea inevitable y las imágenes no se podrán conservar más de un mes.

También relacionado con la seguridad existen dudas sobre los datos biométricos, como huellas dactilares, que tienen la consideración de especialmente sensibles. Si bien nada impide que se utilicen, la empresa está obligada a mantener una extrema cautela y a garantizar su custodia. Diferente es el caso de su utilización cuando no son necesarios o el nivel de seguridad no está justificado y, por ejemplo, cumple la misma función una tarjeta magnética, muchos menos intrusiva.

En caso de duda, la empresa debe recoger siempre el consentimiento del empleado a la hora de comunicar o utilizar cualquier dato. Entra en esta categoría hasta los sistemas de evaluación del desempeño, que con frecuencia se hacen públicos en algunas compañías para fomentar la competitividad y la productividad en la plantilla.

Noticia extraída de http://www.expansión.com

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El accidente sufrido tras realizar la compra al salir del trabajo debe calificarse como “in itinere”

El elemento cronológico necesario para calificar un accidente laboral como “in itinere” no se rompe por haberse demorado su inicio menos de una hora por causa de una gestión exclusivamente personal, como es la compra de yogures en un supermercado cercano tras finalizar la jornada laboral.

Supermercado,tienda

La demandante sale de su trabajo a las 13 horas pero, en lugar de dirigirse directamente a su domicilio, realiza una parada en un centro comercial próximo a comprar unos yogures. Al finalizar la compra, coge el autobús hacia su domicilio y, en el trayecto, el vehículo efectúa un frenazo que le provoca unas lesiones determinantes de Incapacidad Temporal (IT).

 

La trabajadora presenta demanda que es desestimada tanto en primera instancia como en suplicación, por lo que recurre en casación para la unificación de doctrina.La figura del accidente in itinere, figura de creación jurisprudencial aunque recogida en parte en el art.156.2.b de la LGSS, se fundamenta en que solo puede calificarse como accidente in itinere aquel que se produce porque el desplazamiento viene impuesto por la obligación de acudir al trabajo.

Según la jurisprudencia, para calificar un accidente laboral como in itinere el deben concurrir simultáneamente las siguientes circunstancias:

  • que la finalidad principal y directa del viaje esté determinada por el trabajo (elemento teleológico);
  • que se produzca en el trayecto habitual y normal que debe recorrerse desde el domicilio al lugar de trabajo o viceversa (elemento geográfico);
  • que se produzca dentro del tiempo prudencial que normalmente se invierte en el trayecto (elemento cronológico), o lo que es lo mismo que el recorrido no se vea alterado por desviaciones o alteraciones temporales que no sean normales y obedezcan a motivos de interés particular de tal índole que rompan el nexo causal con la ida o la vuelta al trabajo;
  • que el trayecto se realice con medio normal de transporte (elemento de idoneidad del medio).

    En este sentido, la duda surge en relación con el elemento cronológico, ya que el accidente de tráfico sufrido por la trabajadora se produce por interrumpir su trayecto de regreso a su domicilio para realizar una gestión personal.

    La sentencia del TS de 17 de abril de 2018, aplicando criterios flexibilizadores, entiende que la causalidad no se rompe si la conducta normal del trabajador responde a «patrones usuales» de comportamiento y a «criterios de normalidad» de conducta. Así, la calificación de accidente de trabajo no debe excluirse por la posibilidad de alguna gestión intermedia razonable como puede ser la compra de unos yogures.

    Por ello, el TS estima el recurso de casación para la unificación de doctrina, revocan la sentencia impugnada, y declara la IT de la trabajadora derivada de accidente de trabajo.

Noticia extraía de http://www.elderecho.com.

Guarda y custodia, patria potestad y custodia compartida. ¿Qué hay detrás de cada término?

¿En qué se diferencia la guarda y custodia y la patria potestad? Mientras que la patria potestad alude a la representación general de los hijos, la guarda y custodia se centra en la convivencia habitual o diaria con ellos .En situaciones de ruptura matrimonial, normalmente ambos progenitores mantienen la patria potestad, pero sólo uno de ellos (salvo en los supuestos de custodia compartida), tendrá la guarda y custodia, teniendo el otro progenitor el llamado “derecho de visitas”.

¿Qué es la custodia compartida? En este supuesto, ambos progenitores ejercen la custodia legal de sus hijos menores de edad, en igualdad de condiciones, de derechos y deberes sobre los mismos. El niño vivirá con sus progenitores por igual periodo de tiempo. Los periodos varían según cada familia y pueden ser días alternos o establecerse periodos de semanas o incluso meses. Los gastos de manutención corren a cargo de ambos y el niño puede vivir en la casa familiar siendo los progenitores los que se cambien de domicilio según el periodo de custodia o puede también que el niño se traslade de una casa a otra según quién sea su cuidador en ese momento. Sin embargo, la custodia compartida no es posible en todos los casos.

 

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El TS fija doctrina para suspender el régimen de visitas a un menor por padre condenado por maltrato.

El Tribunal Supremo ha fijado doctrina jurisprudencial sobre el régimen de visitas del progenitor condenado por maltrato en el ámbito doméstico y establece que el tribunal podrá suspenderlo cuando el hombre haya sido condenado por maltratar a su cónyuge y a otro de sus hijos “valorando los factores de riesgo existentes”.

En este caso, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Algeciras (Cádiz) optó por conceder al padre el régimen de visitas sobre una de sus hijas menores, pese a que había sido condenado con pena de cárcel por maltratar a la madre y a otra hija. Se estableció que las visitas tuvieran carácter restrictivo y fueran sólo de un día a la semana, entre las cinco y las siete de la tarde en un Punto de Encuentro y de forma tutelada.

Este régimen entraría en vigor cuando el padre saliera de prisión y tuviera ocasión de acudir a dicho punto de encuentro, y si se justificaba además que el hombre se había sometido a un programa terapeútico en el que se le tratara de su carácter violento y que le habría llevado a cometer los hechos por los que resultó penado con 3 años y 8 meses de cárcel.

Leyes aplicables

La Audiencia Provincial de Cádiz confirmó esta sentencia, que es casada ahora por el Supremo en una resolución de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas en aplicación del artículo 94 del Código Civil, que permite al juez limitar o suspender el derecho de visita.

También se considera aplicable a este caso lo que dice al respecto la Ley Integral de Violencia de Género, el Convenio de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que establece como primordial la consideración del interés del menor y la Carta Europea de Derechos del niño; así como la última reforma de la Ley del Menor, de julio de este año.

Así, el Supremo declara que los contactos del padre con su hija, cuando había sido condenado por maltratar a otra hermana, deben ser “sumamente restrictivos” y debe predominar “la cautela” del tribunal a la hora de fijarlos, pues el factor de riesgo es más que evidente en relación con una pequeña con escasas posibilidades de defensa.

En este caso ni el tribunal de instancia ni la Audiencia de Cádiz respetaron el interés del menor al no concretarse los aspectos que debía contener el programa terapéutico al que iba a someterse el padre, ni quién homologaría los resultados obtenidos.

Por ello, se determina que no ha lugar a fijar régimen de visitas del demandante a su hija menor sin perjuicio de que cuando cumpla la pena impuesta pueda instar el establecimiento de esta medidas “en procedimiento contradictorio, con las garantías y cautelas propias que preserven el interés de la menor para que pueda descartarse absolutamente el riesgo para el mismo, dados los antecedentes existentes de agresión para con su madre y con su hermana”.

 

http://www.aranzadi.es/actualidad/noticias/el-ts-fija-doctrina-para-suspender-el-r%C3%A9gimen-de-visitas-un-menor-por-padre