Actualidad Jurídica

Un juez condena a una compañía de telefonía a pagar 3.000 euros a un particular por incluirle en un registro de morosos.

La sentencia, dictada en el juzgado de Ciudad Rodrigo, reconoce una intromisión al honor del cliente al reclamar la compañía una deuda controvertida y no haberla notificado de forma fehaciente

 

El juzgado de Ciudad Rodrigo ha condenado a una compañía de telefonía indemnizar con 3.000 euros a un particular por incluirle en una lista de morosos. De esta forma, y según se recoge en la sentencia, el juez aprecia una intromisión ilegítima en el derecho al honor del cliente, ya que la deuda que alega la compañía es controvertida y no se le ha notificado de forma fehaciente, tal y como recoge la ley.

La denuncia surge después de que un banco negara una tarjeta de crédito al demandante por encontrarse en la lista de morosos al tener una deuda con la compañía de teléfono de 418 euros “en concepto de penalización de permanencia e impagos de facturas adeudadas“, tal y como se recoge en la sentencia. Tras ser rechazada su baja de esa lista y recibir casi una treintena de llamadas de una empresa de recobro de deudas, el particular interpuso una demanda por un delito contra el derecho al honor, que ha sido tenida en cuenta por el juzgado, que ha fallado a su favor.

 

Por su parte, la compañía telefónica alegó que el momento de la solicitud de la baja de los servicios estaba en vigor un contrato de permanencia que “determinó la exigibilidad de varias facturas, devueltas e impagadas, por valor de 418,28 euros, cuyo impago legitimó a la compañía telefónica a proceder a la correcta inclusión de sus datos en el fichero de insolvencia”, según se explica en la sentencia.

De esta forma, según la sentencia del caso, el juzgado considera probado que “no se ha logrado probar el carácter líquido, vencido y exigible de la deuda, así como, tampoco resulta acreditado que se realizase un requerimiento fehaciente al particular, previo a su posterior inclusión en el fichero, o que se le notificasen las facturas que se decían adeudar”, según establece la ley como exigencias previas a la inclusión de datos en las listas de morosos. Por ello, además de la indemnización de 3.000 euros por una intromisión contra el honor, el juzgado ha condenado a la compañía a “realizar todos los actos necesarios para excluir al actor de los ficheros de morosos“.

“Noticia extraída de http://www.tribunalsalamanca.com”

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